Por: Omar Cavero
15/05/14
El conflicto
que desembocó en ese fatídico 5 de junio del año 2009, que generó 33 muertos y
más de 200 heridos, denominado “Baguazo”, está lejos de haber terminado. Se
derogaron los principales decretos legislativos que generaron la protesta
indígena que abarcó dos años y paros de varios meses, pero lo que ha seguido es
la persecución política y judicial.
El día de
ayer, 14 de mayo, comenzó el juicio del proceso que busca determinar
responsables sobre los hechos de La Curva del diablo[1],
donde hubo un enfrentamiento abierto entre indígenas y policías. Todos
recordamos las dolorosas imágenes de decenas de muertos, rodeados por la
desesperación indignada de los suyos. ¿Quiénes son los responsables?
Los
principales acusados por la Fiscalía como autores de esos hechos, son
indígenas. La intención aparente es echar la culpa de los hechos a los
dirigentes amazónicos. Entre los acusados están dirigentes como Alberto Pizango,
presidente de AIDESEP, y Santiago Manuim, dirigente Awajún.
El primero no
estuvo en el lugar de los hechos y el segundo fue baleado en el primer
enfrentamiento al lado de la carretera -precisamente al tratar de evitar que se
diera un choque con la policía, como lo reconocen la mayoría de informes de
investigación sobre los hechos. Cuando se dieron los sucesos de la Curva…,
Manuim se encontraba valiéndose entre la vida y la muerte. Se pide para él, sin
embargo, cadena perpetua.
Por supuesto,
es necesario que se identifique a los responsables, tanto de las acciones de
violencia generadas por la policía como de parte de manifestantes indígenas; y
también los hallados culpables deben recibir las condenas que correspondan.
Pero hacer justicia implica investigar con rigurosidad y buscar a los
verdaderos culpables. Y eso no es lo que está sucediendo.
No seamos
parte de la farsa de querer encarcelar a personas inocentes solo por la presión
de tener gente tras las rejas. Eso no es, ni por asomo, justicia. Eso no nos
reconciliará entre peruanos ni será una solución al conflicto.
¿Qué será
justicia, entonces? Que se procese a todos
los implicados. ¿Qué será superar el conflicto? Que se superen las causas de fondo que lo generaron.
Al respecto
solo recordemos tres cosas, de forma muy breve.
1.
Las protestas buscaban derogar decretos legislativos emitidos por
Alan García. ¿Con qué intención se emitieron?
Las protestas
indígenas buscaban derogar los decretos legislativos emitidos por Alan García
el año 2007 con el fin evidente de recortar los derechos territoriales
indígenas y facilitar el ingreso de inversiones privadas a la Amazonía.
Estos
decretos fueron parte del paquete de normas que emitió el gobierno con las
facultades que le otorgó el Congreso para legislar en torno a la implementación
del Tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU. Ese era el fondo del asunto:
cómo facilitar el acceso de inversiones privadas a los recursos de la Amazonía,
sobre todo madereros, petroleros y mineros.
No olvidemos
la visión del ex presidente: la Amazonía estaría llena de recursos que los Perros del hortelano no permiten
explotar.
2.
El enfrentamiento se pudo evitar, pero no se hizo
El
enfrentamiento podía haberse evitado, pues los manifestantes informaron que se
retirarían el 5 de junio en la mañana, aunque no sabían del desalojo ya
decidido en las altas esferas del gobierno. El informe final de la
investigación de Jesús Manacés y Carmen Gómez, y el de la comisión presidida
por Guido Lombardi, así lo demuestran.
El interés
del gobierno fue sacarlos de ahí a la fuerza. Eso es claro. A pocos días de los
hechos la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, cambió a los
mandos policiales en la zona -retiró al Gral. que había hecho de mediador con
los manifestantes- y autorizó un desalojo en el que se envió a la DINOES con
armamento de guerra: querían expulsarlos ejemplarmente a balazos.
No se
agotaron las vías de diálogo. No hubo intención en hacerlo.
3.
Indígenas y policías fueron víctimas del gobierno aprista y de una
política en la que la primera y sagrada prioridad es atraer inversiones
privadas
Tanto
policías como indígenas son víctimas del gobierno aprista y de la continuación
de una política económica que tiene como prioridad la atracción de inversiones,
las que se quieren imponer incluso a sangre y fuego. Esa política es el
neoliberalismo, y la tenemos instalada desde 1990.
Los muertos
por conflictos socio-ambientales dan fe de esa política. Los pueblos indígenas
no protestaron para imponerle nada a nadie. Ir y tomar una carretera por varios
meses no es un pasatiempo.
Ellos
resistían más bien a una imposición, pues no se les consultó, por más que el
Convenio 169 de la OIT así lo establece -y lo ha suscrito el Perú hace décadas.
Todo indígena sabe muy bien que sin territorio su pueblo desaparece. Dicho de
otro modo: no hay vida sin acceso a los recursos del territorio, y no puede
haber identidad étnica si no hay un pueblo que la reproduzca. Quite usted el
sustento material de un pueblo y lo extinguirá.
Quienes
deberían estar sentados en el banquillo de los acusados son Alan García,
Mercedes Cabanillas, Mercedes Araoz (ex ministra de Comercio exterior y
turismo, que mintió al decir, amenazante, que si se derogaban los decretos
quedaría sin efecto el TLC con EE.UU.), Yehude Simon (ex primer ministro) y los
responsables policiales que dirigieron el operativo policial.
Y lo que no
deberíamos permitir más como país, es que los gobiernos tengan como prioridad
principal atraer inversiones a costa de todo, incluso de la vida de los
peruanos. No debemos permitir que por encima del derecho a la vida y al
territorio, prime el afán de lucro privado de unos cuantos empresarios y
accionistas.
Para terminar,
démosle la palabra al propio Santiago Manuim:
El gobierno de aquel tiempo nos enfrentó, uno que
cumplían una orden de su alto mando y los indígenas que defendían su derecho,
su identidad, su cultura, su propio desarrollo, su bosque, sus ríos, su cosmos
y su territorio. El paro fue pacífico, hasta ese día fatídico del 5 de junio,
nuestra protesta fue para que se derogue ese decreto que nos afectaba, además
el gobierno no consultó con nosotros los indígenas. El convenio 169 de la OIT,
exige que se consulte siempre que se quiera hacer algo dentro del territorio
indígena.
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