Cuatro argumentos económicos contra
el régimen laboral juvenil
Por: Omar Cavero
Ha crecido mucho
la oposición al régimen laboral juvenil (Ley 30288). Como es sabido, se trata
de un régimen especial para jóvenes que ha planteado el Ejecutivo en el marco
de un conjunto mayor de medidas de reactivación económica.
El régimen es
voluntario y aplica para jóvenes de entre 18 y 24 años que entren por primera
vez a planilla o que estén desocupados (por lo menos 90 días fuera de
planilla). Quienes adopten este régimen tendrán solo 15 días de vacaciones al
año, no tendrán Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ni gratificaciones,
y deberán ser contratados por un plazo mínimo de 1 año por el empleador.
Asimismo, a modo
de incentivo, quienes adopten el régimen podrán deducir un porcentaje de
Impuesto a la Renta en capacitaciones (máximo 2% del equivalente de la
planilla) y en el caso de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) “el Estado
asumirá el costo correspondiente al primer año de cotización del seguro social
de los jóvenes que ingresen por primera vez a planilla electrónica” (Art. 21).
Los argumentos del Ejecutivo
Son tres los
argumentos centrales del Ejecutivo para impulsar esta medida, que se pueden
distinguir del propio proyecto de ley y sus participaciones públicas.
El primero es
que se incentivará el empleo formal entre jóvenes, pues se considera que la
informalidad es un problema de sobrecostos laborales y al rebajarlos aumentará
la formalidad.
El segundo es
que los jóvenes, al ser la población con mayor desempleo, se verían
beneficiados pues habría más puestos de empleo para ellos, dados los incentivos
ofrecidos al empleador.
El tercero es
que se reactivará la economía a partir de aumentar la formalidad y el ingreso
de los jóvenes a la fuerza de trabajo ocupada.
Los argumentos
son de corte económico. Eso no es casualidad, pues es el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) quien ha elaborado la norma y ésta se plantea desde el
problema de la reactivación económica.
 |
| Fuente:Diario La Primera Perú |
Por ello mi
impresión es que, aun siendo absolutamente válidos los argumentos jurídicos -que
con justeza apuntan al carácter inconstitucional de la norma (discrimina a los
jóvenes) y al carácter lesivo a los derechos laborales-, han sido pocos los
argumentos dados desde un razonamiento económico para refutar esta ley.
Por tal motivo
sugiero tres argumentos para enfrentar este debate. Como se verá, el trasfondo
excede al problema juvenil y apunta a una visión de la economía centrada
exclusivamente en el punto de vista del empresariado. Son tres argumentos que
no pretenden ser todos los posibles. Los dejo sobre la mesa como aporte a la
lucha por la derogatoria de esta ley.
1. ¿Se enfrentará la
informalidad haciendo más baratos a los trabajadores?
El problema
de la informalidad no radica en la existencia de sobrecostos laborales, sino en
la escasa demanda de empleo y sus desencuentros cuantitativos y cualitativos
con la oferta de trabajo. Mucha gente para pocos puestos y requerimientos de
perfiles que no tenemos.
Desde inicios
de los noventa los derechos laborales se han venido perdiendo so pretexto de
flexibilizar el mercado de trabajo; no obstante, hoy, casi veinticinco años
después y tras más de una década de crecimiento constante (desde el 2001, sobre
todo), la informalidad laboral es de 74.3% (INEI, 2014).
En los noventa (1997), ésta bordeaba el 77% (Morales y otros, 2010).
No hay evidencia, entonces, de que esa estrategia funcione.
El problema
no es de falta de incentivos a la formalización; y aun si lo fuera, la
formalización no se reduce al costo laboral, que ya es bajo. El problema es
estructural. En el Perú de hoy 48 de cada 100 jefes de hogar son trabajadores
independientes (ENAHO, 2013), es decir, que se inventan su empleo; 97% de las
empresas son de menos de 11 trabajadores (Mypes), emplean al 76.1% de los ocupados
y tienen un corto tiempo de vida; y menos de la mitad de los trabajadores es
asalariado.
A ello se
suma que los sectores que más ganan (minería, hidrocarburos, finanzas,
electricidad y agua) son los que menos emplean (2.5% de la PEA) y que aun donde
el empleo es formal –dada la flexibilidad laboral- existe también precariedad
laboral: poca estabilidad (72% de asalariados privados tienen contratos a plazo
fijo) e ingresos reales bajos (un obrero en Lima hoy tiene un salario real
203.8% menor al que tenía en 1980).
Si se quiere
formalizar, las medidas deben ir dirigidas a promover la asociación de Mypes, a
dar facilidades crediticias a estas empresas, a capacitar a los trabajadores, a
desarrollar incentivos para que se desarrollen sectores más empleadores, como
agro y manufactura, etc. Es mentira que se logrará formalidad con trabajadores
(más) baratos y sin derechos, y persistiendo en un patrón de crecimiento como
el que tenemos.
2. ¿Deberíamos esperar que este régimen tenga algún efecto en la
reactivación?
Se busca
reactivar la economía promoviendo la inversión privada, pero no se plantea qué
tipo de inversión privada se quiere promover. Es necesario que toda política
pública tenga claro a quiénes van dirigidas las estructuras de incentivos que
diseña y qué se quiere lograr con las medidas tomadas. Incentivar la inversión
a secas es fortalecer a quienes ya priman y que en más de dos décadas no han
generado empleo de calidad ni verdadero bienestar.
Si lo vemos
en términos sencillos, enfrentar la desaceleración requiere que se aumenten la
producción y el consumo. Al golpear los derechos de los trabajadores jóvenes no
se tendrá ese efecto. Al no ser la informalidad un problema de trabajadores
caros, disminuir sus derechos solo tendrá como efecto aumentar el nivel de
ganancia neta de las empresas que adopten el régimen laboral juvenil.
No hará que
los trabajadores sean más productivos y no aumentará el consumo en la
población. Es así pues, en primer lugar, la productividad no radica en el costo
de la fuerza de trabajo sino en la producción; y, en segundo lugar, porque un
régimen más flexible, sin vacaciones completas, gratificaciones, ni CTS, no
tendría por qué tener un impacto positivo en el consumo, sino todo lo
contrario.
3. ¿Deberíamos esperar que se genere empleo formal nuevo?
No tiene por
qué esperarse que el régimen laboral juvenil tenga un efecto relevante en
generar empleo nuevo entre los jóvenes y en formalizar el empleo entre aquellos
hoy informales.
En primer
lugar, difícilmente se desarrollarán nuevas inversiones producto de este
régimen.
En segundo
lugar, es muy probable que el nuevo régimen afecte sobre todo a los
trabajadores que ya se desempeñan en la formalidad y a aquellos que están por
ingresar al mercado de trabajo.
También es de
esperar que el régimen incentive el reemplazo de trabajadores de mayor edad por
trabajadores jóvenes, e incluso que se desarrolle un fenómeno de recontratación
bajo el nuevo régimen, aún a pesar del candado que pone la ley, pues existen
grandes limitaciones en la fiscalización laboral.
4. ¿Es esa la forma de apoyar a uno de los sectores más vulnerables del
mercado de trabajo?
Los jóvenes
son uno de los sectores más vulnerables en el mercado de trabajo. El grueso de
la evidencia económica sostiene esta afirmación. Son quienes tienen las tasas
más altas de desempleo, la menor estabilidad y los ingresos reales más bajos.
Si el gobierno busca ayudar a este sector de los trabajadores no lo logrará
aumentando esa vulnerabilidad al promover un régimen en el que los jóvenes
ingresarán al mercado laboral con derechos aún más recortados que los demás
trabajadores, que ya han visto en las últimas dos décadas recortes radicales de
sus derechos.
Conclusión
Queda claro
que no se busca reactivar la economía para que ésta repercuta en desarrollo y
bienestar para los peruanos. Lo que se busca es aprovechar la desaceleración
del PBI para imponer la agenda de las grandes empresas de la forma más radical.
Los paquetes de reactivación han sido pensados exclusivamente desde esos
intereses: mayor permisividad ambiental, mayores beneficios tributarios y
menores derechos laborales.
El mensaje de
fondo de estos paquetes es que persistiendo en fortalecer un modelo económico
desigualador, dependiente de precios internacionales y generador de
conflictividad social, se podrán superar los problemas que ese modelo genera.
¿La forma de anticiparnos a una crisis es acaso persistiendo en los defectos que
la generan?, ¿uno se curará de una infección intoxicándose más? No nos dejemos
engañar.
