En los últimos días hemos sido testigos de un
conjunto de manifestaciones públicas en donde ciudadanos, ya sea pertenecientes
a alguna organización o no, salieron a las calles a hacer escuchar su voz de
protesta en contra de la famosa “repartija” que había hecho de los organismos
autónomos (Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de
Reserva del Perú) objetos de disputa abierta y descarada entre los partidos que
actualmente están representados en el Congreso. Esto se dio a conocer a través
de la propagación mediática de un audio en el que claramente se muestra cómo es
que los representantes de ciertos partidos políticos en el congreso,
congresistas de ciertas bancadas, decidían en una reunión cerrada quienes iban
a ganar la elección de acuerdo a la repartición de votos que habían conseguido
para dicho propósito.
Dado que, en las últimas semanas el congreso
había venido aprobando un conjunto de leyes que afectan directamente a sectores
organizados de la población, este suceso constituyó claramente la gota que derramó el vaso. Así por
ejemplo, el proyecto de ley universitaria fue objeto de serios cuestionamientos
por los mismos estudiantes de diferentes casas de estudio, así como de la
asamblea nacional de rectores, dado que al haberse aprobado sin tomar en cuenta
la voz de los principales implicados, la ley vulnera autonomía y afecta
sustancialmente la situación de los estudiantes en el Perú. Lo mismo sucedió
con la aprobada ley de servicio civil, la cual tiene implicancias directas
sobre los trabajadores del sector público y que, sin embargo, no cuenta con la
legitimidad de un diálogo efectivo.
Es por eso que el 4 de julio trabajadores
públicos y estudiantes salieron a las calles a demostrar su descontento, frente
a la forma como se vienen aprobando estas leyes. Por si fuera poco, el Congreso
de la República se ha visto inmerso en la aprobación de un conjunto de dictámenes
que vulneran derechos sexuales y reproductivos, como es el de la Comisión de la
Mujer y Desarrollo Social en la que se le otorga derechos absolutos al
concebido por encima de los de la madre; y dictámenes que afectan a la
población del LGTB, como se dio en la Comisión de Justicia, al no considerar la
opción sexual como agravante en casos de crímenes de odio.
Uno podría pensar que ante medidas impopulares es
lógico que la población exprese su insatisfacción. Sin embargo, si prestamos un
poco más de atención, vemos que este tipo de sucesos no son nuevos en el Perú,
no son solo “errores” de Ollanta Humala. Vienen sucediendo con García, con
Toledo, con Fujimori, vienen sucediendo a lo largo de toda nuestra historia
republicana, y no siempre se han enfrentado al mismo grado de indignación en la
ciudadanía, como ha sucedido en las últimas semanas. Si esto no es nuevo y la
indignación no siempre ha sido la misma, entonces es evidente que lo que
tenemos al frente es un descontento que va más allá de lo que tuvimos por
coyuntura.
¿Hacia dónde se dirige la crítica de la
población? ¿Qué tienen en común las últimas demandas para que puedan agrupar a
los diferentes sectores?
Lo común a todas las medidas en cuestionamiento
es que, si bien han sido aprobadas bajo los procedimientos legales adecuados,
desencadenan el rechazo popular dado que no cuentan con la legitimidad que le
hubiera otorgado la participación efectiva de los principales afectados, la
cual habría permitido que planteen sus reales demandas. Por el contrario, el
gobierno en vez de atender las demandas de los ciudadanos en las calles, las
reprimió desmedidamente.
Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿Funciona
realmente la “democracia” en nuestro país? o ¿En qué tipo de “democracia” nos
movemos?
La indignación de la ciudadanía va más allá de la
repartija, de la ley universitaria, de la ley del servicio civil, de los
dictámenes del Congreso. Va más allá de lo que fue nuestra última coyuntura. La
gente está cansada de una democracia falsa. De tener que elegir cada cinco años
al mejor candidato, a pesar de tener la intuición de que todo seguirá igual.
“Democracia representativa”, le dicen. La
repartija es un claro ejemplo de cómo funciona eso en el Perú: a través de cuoteo,
corrupción y de toma de poder por parte de los grupos políticos que se
encuentran en el congreso. Por ninguna parte, de poder efectivo para la
población. Pero si el poder no está en manos de los ciudadanos, ¿en manos de
quién está? Esto no se trata únicamente de “malos políticos”. Para algunos,
esta democracia sí funciona. Para un reducido sector del país, esta democracia
les es útil. Seamos claros, nuestra democracia está en manos de poderes
fácticos que hacen del Perú un recurso en disputa: su identidad, su cultura, su
trabajo, su gente está puesta en valor.
Esta democracia es solo la cara bonita de la manera como estos poderes imponen
su voz sobre la del resto de ciudadanos.
